Rodolfo Pastor Fasquelle
Ambos estaban preparados. Eran candidatos idóneos y personas de calidad. Ambos eran (son) educadores profesionales. Aún estuve de acuerdo (pago el costo de seguirlo diciendo) con sus exigencias a los educadores que habían caído en su propia corrupción y anarquía. En un principio, me entusiasmó incluso la gestión del actual ministro Marlon Escoto. Del mismo modo me pareció alentadora la dirección y la disciplina que le imprimió a la educación superior la rectora Julieta Castellanos. Aún hoy defendería muchas cosas que hicieron bien e inspiraron. Enfrentaron la necesidad de reformar, lo que siempre es difícil.
Ambos supieron plantear la reforma a la clase política, de tal manera que los dejaran actuar en forma consistente. Y como consecuencia, ambos tuvieron logros importantes. El principal de los cuales, en el caso de Escoto, fue el inicio de una evaluación sistémica obligada, la limpieza de muchas corruptelas y la disciplina de los 200 días de clase que deben incrementarse en el futuro próximo a 222 (otros treinta días hábiles deben de consagrar los maestros a su propia actualización continuada, a la preparación y a la consecución de mejores condiciones y recursos para su trabajo en el aula.)
La rectora tuvo visión para aprovechar oportunidades de colaboración externa, recuperó cierto liderazgo gremial. En Tegucigalpa, modernizó la infraestructura de la UNAH, que sigue siendo la más importante y abrió nuevas carreras para completar la oferta universitaria. Ambos hicieron supremos esfuerzos por enriquecer sus respectivas instituciones y servir. Pensé que pudiera ser algo más.
A Julieta Castellanos, hace apenas unos meses, la congratulaba incluso en privado por asumir la responsabilidad de apoyo a la cultura, después de que el actual gobierno la abandonara del todo, traicionara a los agentes culturales a los que ya habían desestimado los anteriores y desconociera la obligación del Estado de proporcionarle a su pueblo, desprovisto de otros alcances, servicios culturales, espacios para la cultura, estímulos para la creación, el pensamiento y la reflexión humanista, aunque también ha sido una labor aislada, a profundizar.
Ni la rectora ni el ministro consiguieron resolver los problemas de fondo, de calidad de los servicios que prestan sus instituciones. Aún la educación pública no rebasa el ámbito de la enseñanza memorística. La universidad continúa, en casi todos los campos, siendo una escuela técnica que transfiere conocimientos convencionales. Por ende, el rendimiento en ambos casos sigue siendo bajo. Ni la una ni el otro vencieron o escaparon a su respectiva burocracia. Entiendo que es un proceso.
Aun recién, en el entendido de que su situación era compleja y requería de disciplina y rigor, me sentí obligado a respetar decisiones que ya me parecían polémicas de ambos funcionarios. Pero, finalmente, ambos han estropeado sus gestiones, por aislarse y someterse a las presiones políticas previsibles del gobierno.
Protesté primero de que Escoto asumiera el autoritarismo de régimen para prohibir las manifestaciones políticas disidentes de maestros y alumnos, muchos de los cuales simpatizaban con la oposición. No tenía derecho a negarles ese derecho. La libertad de expresión es consustancial a la educación de calidad, que enseña a pensar en forma crítica. Era el momento de recobrar su libertad enfrentada con la contradicción final. De poner su cargo a disposición, explicando su razón de fondo. No pudo.
Ambos, Castellanos y Escoto, han terminado por desvirtuar su propia gestión, contagiados por el estado autoritario en el que tuvieron que trabajar y ante el cual no supieron mantener una autonomía técnica e intelectual. Julieta, mi amiga, (y me duele) ha terminado justificando actuaciones criminales de sus subordinados en aras de protegerlos como instrumentos. Que es lo que hicieron los jefes policiales luego del asesinato de su hijo. Y el colmo, cuando precisamente su labor era protegerlos porque no tiene función sin ellos, acabó por criminalizar la libre expresión de profesores y estudiantes, y por ponerlos en manos de un sistema de justicia que sabe que es perverso.
Ambos son profesionales capaces que pudieron ganarse el pan de cada día en cualquier lado y aspirar a más. ¿Por qué se sometieron sin protesta a las exigencias despóticas de la dictadura? Lo que al final del día no es aceptable ni tuvo sentido es que le vendieran el alma al diablo a cambio de una perspectiva de continuidad. El problema de fondo del sistema educativo es que está sometido a un poder central al que incomoda y que lo desvirtúa.
Hay que sacar una lección práctica y una moraleja. Ningún funcionario aguanta (en el vacío del subdesarrollo) en Honduras, más de cinco años consecutivos al mando supremo de una institución. Y, por otro lado, cuando se reúne tanto poder en la cabeza sobre una diversidad de grandes problemas, hace falta apoyarlo con un órgano colegiado funcional. Así ha funcionado mejor desde inmemorial tiempo el gobierno universitario. Pero en nuestro medio de recursos enrarecidos, esa moraleja aplica para cualquier ejecutivo. Quizá los consejos de ministros, gabinetes ministeriales y consejos universitarios deben condicionar el mando superior y co-gobernar y no ser simples órganos cuasi legislativos y consultivos.
Eso lo debe establecer una ley primaria, así como el derecho efectivo de las juventudes a ser educadas con calidad y eficacia, para la participación social y cívica, para el éxito económico y para la realización cultural de todos y cada uno. La nueva Constitución debe reforzar la autonomía colegiada a la que se podrá exigir ese derecho.
